Se puede pensar que la seguridad privada es una forma de respuesta ante la situación demográfica – social de un país o ante un crecimiento de la inseguridad.
Están establecidas sin control, un sin número de empresas particulares que proporcionan servicios de Seguridad Privada. Dada la ausencia de programas de inspección y vigilancia de estas empresas por parte de los gobiernos, surgieron empresas de Seguridad Privada de dudosa reputación, que constituyeron refugio de miembros sin la debida preparación o los requerimientos de la figura de un profesional de la seguridad, presentándose la paradoja de que los particulares puedan ser víctimas de las propias personas que contratan para su custodia.

En virtud de la creciente percepción ciudadana respecto del incremento de la inseguridad y con objeto de asegurarse el cuidado de sus vidas y sus propiedades; empresas y particulares han optado de manera frecuente por contratar a elementos o empresas que prestan el servicio de seguridad privada. Sin embargo la mayoría de estos prestan el servicio sin atender a los requisitos mínimos que garanticen el uso adecuado de uniformes e insignias, vehículos, equipo de comunicación e incluso armamento; asimismo no hay control alguno sobre la honestidad, aptitud, capacitación, adiestramiento y entrenamiento del personal que presta tan delicado servicio y que eventualmente pone en grave riesgo la seguridad no solo a quien contrata el servicio sino a la comunidad entera.

Según el Informe Legislación Nacional sobre Seguridad Privada en Centroamérica, Cuba y México.

En el caso de Honduras se ha revisado la Ley Orgánica de la Policía Nacional (Decreto 67/2008) por cuanto no existe una ley especial de seguridad privada y es esta la que desarrolla la normativa sobre las actividades de seguridad privada.

Las leyes y normas revisadas para los ocho países son :

• Costa Rica, la Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad Privados Nº 8395/2003, y el Reglamento N° 33128-sp de 2006;
• Cuba3 , el Decreto Ley N° 186/1998 sobre sistema de seguridad y protección física, y el Decreto Ley 52/82 de Expedición y Control de Licencias de Armas;
• Guatemala, la Ley que regula los servicios de seguridad privada Decreto N° 52/2010, y su Reglamento dispuesto en el Acuerdo Gubernativo N° 417/2013;
• Honduras, la Ley Orgánica de la Policía Nacional, por Decreto N° 67/2008, y el Reglamento para el control de los servicios de seguridad privada, Acuerdo N° 013/2009;
• El Salvador, la Ley de los servicios privados de seguridad contenida en el Decreto Legislativo N° 227/2.000, y el Decreto N° 1124/2003 que modifica el Decreto N°227;
• Nicaragua, Ley de la Policía Nacional y sus reformas, N°228/1996, y el Manual de la vigilancia civil N° 001 de la Dirección de Seguridad Pública de la Policía Nacional;
• Panamá, Decreto Ejecutivo N° 21 del 31 de enero de 1992, por el cual se regula el funcionamiento de las agencias de seguridad privada, y Decreto Ejecutivo N° 22 de 1992, por el que regulan las condiciones de aptitud, derechos y funciones de los vigilantes jurados de seguridad;
• México, la Ley Federal de Seguridad Privada de 2006 (incluida la modificación DOF 17/10/2011), Reglamento de la Ley Federal de Seguridad Privada, DOF 18/10/2011. La Ley Federal de México

La mayoría de los países carece de reglas que permitan proteger efectivamente los derechos humanos. Considerando el espacio social y jurídico híbrido en que actúa la seguridad privada y la poca visibilidad de estas actividades, más bien opacas, la posibilidad de vulnerar derechos es alta y se requiere de normas precisas que los protejan. Las debilidades de los sistemas de selección y verificación de antecedentes, así como de los procesos de formación y entrenamiento del personal operativo, hacen más difícil una buena comprensión e internalización de normas jurídicas y principios abstractos por parte de ellos. Las precarias condiciones laborales en que trabaja el personal operativo en algunos países, tampoco ayuda al desempeño de estos servicios con apego a la ley. Para enfrentar estos desafíos se requiere establecer estándares de evaluación de las actividades, que vayan más allá del mero cumplimiento de formalidades, asociándolos al respeto de derechos, así como a infracciones concretas con sus respectivas sanciones. Los procesos de selección e investigación de antecedentes deben mejorar, y el entrenamiento y formación requieren de exigencias mínimas en tiempo y con contenidos precisos sobre derechos humanos, en CTS nos apegamos a las leyes, respetamos los estatutos, tenemos conocimientos de estos tratados y bajo el respeto y cumplimiento nos valemos para actuar con rectitud como parte de un todo a favor de la correcta razón de ser de una compañía de seguridad profesional.

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